En un reciente informe, la Contraloría General de la República, detectó falencias en las condiciones laborales de manipuladoras del PAE y advierte riesgos en la ejecución de los recursos públicos.
De acuerdo al comunicado oficial del ente de control, se ha identificado un escenario que requiere atención inmediata por parte de las autoridades territoriales y los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), relacionado con las condiciones laborales en las que desarrollan su actividad las manipuladoras de alimentos, actores fundamentales para garantizar el acceso efectivo de miles de niños, niñas y adolescentes al servicio de alimentación escolar en el país. El seguimiento adelantado por la Contraloría, ha permitido identificar presuntas falencias en la formalización de los vínculos contractuales, retrasos en el pago de las remuneraciones y condiciones de inestabilidad laboral que afectan de manera directa la continuidad y calidad del servicio.
Asi mismo, advierte el documento que a partir de información suministrada directamente por manipuladoras del (PAE), se han identificado prácticas asociadas a esquemas de vinculación recurrentes por periodos aproximados de cuatro meses; esta dinámica, además de generar inestabilidad en las condiciones de trabajo, podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social.
Agrega que esta situación no se presenta de manera aislada pues partir del análisis de las peticiones ciudadanas relacionadas con el PAE registradas en los años 2024 y 2025, se identificaron más de mil (1.069) reportes asociados al programa de los cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral, incluyendo retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación.
De manera más específica, cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico y se configura como una alerta relevante sobre riesgos tanto en la garantía de derechos laborales, como en la adecuada ejecución de los recursos públicos. Este tipo de situaciones no solo plantea serios cuestionamientos desde la perspectiva de la protección efectiva de los derechos laborales, sino que también introduce riesgos en la adecuada ejecución de los recursos públicos, al desnaturalizar la finalidad del gasto y comprometer la sostenibilidad operativa del programa.
Precisa el ente de control, que toda esta problemática a su vez ha conllevado a que durante la vigencia 2025, se detectaran cerca de 30 hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento a nivel nacional, de estos, 20 fiscales por más de $18.600 millones, por presuntos sobrecostos en el PAE, porque no se le paga lo justo a las manipuladoras y los operadores de los programas se quedan con esos recursos que el Estado ya ha pagado para que se les brinde un salario digno.
En ese sentido, la Contraloría General de la República insta al Ministerio del Trabajo para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelante las actuaciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas laborales aplicables en la operación del PAE y adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos de las manipuladoras de alimentos.
En este contexto, se hace un llamado urgente a las entidades territoriales y a los operadores del PAE para que adopten medidas inmediatas, efectivas y verificables orientadas a garantizar condiciones laborales dignas, en observancia de los principios de legalidad, dignidad humana y protección efectiva de los derechos laborales, así como lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 2466 del 2025 y la Resolución N° 0003 del 07 de enero de 2026, emitida por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA).
Acciones de vigilancia y control al PAE En desarrollo de las acciones de vigilancia y control fiscal que adelanta la Contraloría General de la República realizadas entre 2022 y 2025, se han determinado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $49.662 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país. Estas deficiencias obedecen a sobrecostos los cuales representaron $33 mil millones, es decir el 67% de todos los resultados fiscales. Otros relevantes se encuentran asociados al desarrollo y ejecución contractual (17%). Las regiones que presentan los resultados fiscales más preocupantes son la Centro Oriente ($13 mil millones) y Caribe ($11 mil millones).
Otro datos:
– Entre los años 2024 y 2025, se identificaron más de mil (1.069) reportes de peticiones ciudadanas asociadas al PAE, de las cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral, incluyendo retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación.
– La Contraloría insta al Ministerio del Trabajo para que, en el marco de sus competencias, adelante las actuaciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas laborales aplicables en la operación del PAE y adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de sus derechos.
– Durante la vigencia 2025, se detectaran cerca de 30 hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento a nivel nacional, de estos, 20 fiscales por más de $18.600 millones por presuntos sobrecostos en el PAE, porque no se le paga lo justo a las manipuladoras y los operadores de los programas, se quedan con esos recursos que el Estado ya ha pagado para que se les brinde un salario digno.
¿Que pasa en Caldas y Manizales?
De acuerdo con el presidente de las veedurías ciudadanas para el PAE, tanto en Caldas como en Manizales, Juan Jairo Muñoz Cuervo, tanto Caldas como Manizales, no son ajenos a esta problemática del orden nacional, particularmente en lo que tiene que ver con la vinculación de las operadoras del PAE en los colegios; operadoras que lleva años vinculadas de manera informal, sin seguridad social, o la salud subsidiada, o con una ARL únicamente; agregó que no obstante, hoy día a mejorado en parte esos factores salariales, pero sigue siendo una problemática.
En cuanto al departamento de Caldas, señaló que si se siguen dando casos copmo lo denunciados por la CGR en dicha materia, incluso co hallazgos de tipo fiscal, dado que se destina un item para garantizar la adecuada vinculación y formalización de esta operadoras y los contratistas, en muchos casos con el beneplácito de las autoridades administrativas regionales, permiten que sean vinculadas de manera informal lo que incrementa las utilidades del contratista, frente a la afectación grave en esas condiciones laborales y la calidad del servicio, pues nadie mal pagado, presta un b uen servicio, puntualizó. Agrego que se ha conocido casos en que estas operadoras han hechado mano del mercado para tratar de equilibrar ese mal pago.
Sostuvo que se ha conocido informes de la Contraloría Departamental, en 2024, como resultado de denuncias de esta veeduría, con hallazgos fiscales sobre mala operación, mala calidad y detrimento patrimonial del programa PAE, por valor cercano a los 700 millones de pesos
Con respecto al PAE en Manizales, dijo el señor Muñoz Cuervo que siempre ha dicho que el mejor ejemplo que se puede dar desde este municipio en la adecuada operación del programa, es que durante unos cuatro años seguidos, en administración anterior, fue operado el PAE, con fallas normales, con un operador conformado por organizaciones sociales sin ánimo de lucro, los cuales no roban ya que estan acostumbradas es a regalar y asistir a la gente con alimentos de manera gratuita.
Señaló que en Manizales, entró hace dos años un contratista a operar el programa, con el cual se ha presentado múltiples problemas relacionados con la vinculación de operadoras, algunas de las cuales han denunciado que las ponen a trabajar hasta dos horas más de la jornada; pagarles medio tiempo cuando trabajan hasta siete horas; imposición de códigos de silencio en sus contratos en donde se les prohíbe hablar o dar información, incluso de lo que las afecta a ellas. Así mismo sostuvo que también han denunciado casos como que a los niños se les sirve hasta 50 gramos menos de la proteína estipulada, lo cual incrementa ostensiblemente las utilidades del contratista.
De igual manera, se refirió nuevamente a la auditoria del 2024 de la CGR, la cual se conoció el año inmediatamente anterior, en la que se da cuenta de un hallazgo fiscal por mil millones de pesos, relacionados con recursos de la vinculación laboral de las operadoras, que debieron haber sido reconocidos a estas y no fueron pagados. Recordó que también se había denunciado una partida de mil 300 millones de pesos, por la sustracción que se dio de estos recursos del PAE que tenían destinación específica, sobre lo cual debió apelar nuevamente ya que los órganos de control los invisibilizaron y de allí la apelación.
Por último, al cierre de esta nota se conoció el resultado parcial de la visita de la veeduría del PAE en Manizales en compañía con la Personería municipal a las bodegas del programa, en el que se denunció a través de un video, graves irregularidades en la manipulación, logística y estado de algunos alimentos alli almacenados, con destino a la preparación de las comidas para los niños; carne con fecha de vencimiento es una de ellas. La veeduría convocó una rueda de prensa para el lunes 11 de mayo, con el fin de dar a conocer los detalles de estos hallazgos.
Por: Rubén Darío Sánchez Q.
